La Ley Helms-Burton es un proyecto legislativo nombrado “Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana”, que contempla la internacionalización del bloqueo a través de la negativa de créditos y ayuda financiera a países y organizaciones que favorezcan o promuevan la cooperación con Cuba; dificultando la inversión extranjera en la isla. Esta obcecada política de EE. UU es un intento por destruir a la Revolución Cubana, provocando penurias y ahogos económicos.

Está integrada por cuatro títulos. El primero contempla la internacionalización del bloqueo económico, comercial y financiero contra la nación antillana. El segundo plantea una especie de plan de transición política aquí y de intervención de Estados Unidos (EE.UU.) en nuestro futuro.

El tercero manifiesta que los reclamantes de propiedades nacionalizadas o expropiadas en Cuba deben ser protegidos, para lo cual establece normas que incluyen la posibilidad de demandar ante tribunales estadounidenses a entidades que “trafiquen” con esas propiedades. Mediante el cuarto se prohíbe la entrada a la nación norteña de ejecutivos y sus familiares, y de dueños de entidades que “trafiquen” con las propiedades nacionalizadas o expropiadas. Aquí aparece esa palabra otra vez (“trafiquen”), a través de la cual se intenta simular un ambiente de ilegalidad en las relaciones comerciales, que no es real.

La reactivación del Título III de la Ley Helms Burton de 1996 actualiza el recrudecimiento del bloqueo y supone que las empresas extranjeras que operen en instalaciones o con bienes nacionalizados por la Revolución podrán ser denunciadas en las cortes de EE. UU. y entablar reclamaciones por indemnización, asi como se han visto interferidas las entradas financieras al país, ya sea por la vía de inversiones en cualquier sector y principalmente el turismo o las remesas desde EE. UU.

Lo que hoy se han convertido en escuelas, hospitales, Casas de Cultura, hogares maternos entre otros centros que favorecen al pueblo, son los  terrenos que pretender reclamar, pero Cuba defenderá su soberanía y nadie podrá venir a cobrar lo que no hizo en su tiempo, o a pretender recuperar algo que ya no le pertenece, esas tierras se hicieron por, para y con el pueblo y como diría nuestro Apóstol: “con todos y para el bien de todos” y esa realidad no cambiará.